Directora Ejecutiva de Fundación Iguales María José Cumplido (Foto cortesía de Fundación Iguales)
Chile ha experimentado un giro crucial en su panorama político con los resultados del referéndum del domingo en el que los votantes rechazaron una constitución propuesta que generó preocupación entre los activistas LGBTQ.
Los chilenos rechazaron el proyecto de constitución y el 55,8 por ciento de los votantes apoyaron la opción “en contra”. La participación fue del 84,5 por ciento.
El Partido Republicano, fundado por el ex candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast, encabezó el esfuerzo detrás de la constitución propuesta. El domingo fue la segunda vez que los chilenos acudieron a las urnas para decidir sobre una nueva constitución; el proceso comenzó después de que las protestas sociales sacudieran al país en octubre de 2019.
Un año después de los disturbios, más del 80 por ciento de los votantes estaban a favor de reemplazar la constitución, pero el primer intento que lideraron independientes y sectores de izquierda fracasó en septiembre de 2022, cuando el 62 por ciento de los chilenos votó por el “rechazo”.
Con el segundo rechazo del domingo, los votantes castigaron a la derecha después de oponerse a los independientes y a la izquierda. Este resultado puso fin a un ciclo de euforia tras el malestar social con un alto porcentaje inicial a favor del cambio. La Constitución actual, que entró en vigor en 1980 durante el régimen de Augusto Pinochet y ha sufrido varios cambios, sigue en vigor.
María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales, expresó su alivio al señalar que la constitución propuesta representaba un riesgo significativo para los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.
“Estamos muy aliviados”, dijo Cumplido al Washington Blade.
En cuanto a cómo percibe que estos resultados afectarán a la comunidad LGBTQ en términos de derechos y protecciones, Cumplido señaló que más votantes se opusieron conscientemente a la constitución propuesta que podría haber resultado en una discriminación constitucionalizada. Cumplido, sin embargo, señaló que la Constitución de 1980 no garantiza una protección real contra la discriminación, lo que significa que la Fundación Iguales seguirá trabajando en esta área.
Cumplido destacó que la amplia objeción de conciencia podría permitir la discriminación por motivos religiosos. Señaló además la falta de un principio de no discriminación suficientemente sólido y expresó preocupación por la debilidad de los derechos de los niños y adolescentes.
“La objeción de conciencia se ha utilizado para reabrir debates que ya habían sido resueltos democráticamente, generalmente en relación con grupos específicos, como las (personas) LGBTIQ+, cuyos derechos fueron recientemente reconocidos y cuya implementación se busca evitar, incluso si esto afecta significativamente los titulares de esos derechos”, dijo Cumplido.
Ignacia Oyarzun, presidenta y coordinadora de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades, expresó su alivio por los resultados del referéndum. Oyarzun enfatizó que la constitución propuesta habría limitado la posibilidad de promover los derechos de las personas transgénero.
“Básicamente se reduce a una sensación de tranquilidad”, señaló Oyarzun al Blade. “Entender que para comunidades particularmente como la nuestra, que son socialmente vulnerables, que históricamente han sido excluidas de los espacios políticos, sociales, implicaba la posibilidad de poder sufrir, digamos, aún más vejaciones sociales y políticas en relación a una constitución que garantice ciertas posibilidades de discriminación directa hacia nuestras comunidades”.
Oyarzun afirmó que los resultados garantizan la continuidad de los avances en derechos trans y para la comunidad LGBTQ en general. Oyarzun también señaló que el proyecto de constitución amenazaba derechos conquistados por la comunidad trans, como el reconocimiento de la identidad de género.
“Dio la posibilidad de retroceder en derechos que ya hemos logrado alcanzar actualmente, como por ejemplo el reconocimiento de identidad o por ejemplo las circulares, en este caso de la Infancia Circular de Educación 0812, que posibilita el respeto a la identidad de género de las niñas. y los niños (y su capacidad de) usar (su) nombre social, (su) uso de (un) baño, (un) uniforme”, enfatizó Oyarzun. “Todo esto hubiera estado bajo la posibilidad de ser eventualmente derogado o incluso no respetado sin ningún tipo de sanción para los establecimientos educativos”.
Oyarzun agregó que “entonces, particularmente estos resultados, lo que nos garantiza en cierta manera es no ver un retroceso básicamente en los derechos que hemos adquirido y a la continuidad, digamos, de los avances que hemos logrado y la posibilidad de poder seguir avanzando en materia de derechos humanos y de protección de nuestras comunidades”.
En relación al riesgo que representa la objeción de conciencia y la falta de protección contra la discriminación para las personas trans, Oyarzun destacó la preocupación por la discriminación abierta en los establecimientos educativos y destacó que podría haber conllevado una peor calidad de vida y un aumento de la violencia que afectaría directamente afectando la esperanza de vida de las personas trans.
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