Via Twitter/Háttér Society @hattertarsasag
El gobierno de Hungría no cambiará las políticas que la Unión Europea cree que infringen los derechos LGBTQ+ y los de los solicitantes de asilo, incluso si hacerlo descongelaría miles de millones en fondos que el bloque ha retenido de Budapest, dijo un ministro del gobierno el jueves.
La UE ha congelado la financiación a Hungría por temor a que su gobierno nacionalista de derecha haya pisoteado los derechos de las minorías y las libertades académicas, no haya logrado frenar la corrupción oficial y haya socavado los valores democráticos.
La liberación de esos fondos ha estado vinculada a que Hungría lleve a cabo reformas para alinearla con los estándares democráticos de la UE.
Gergely Gulyas, jefe de gabinete del primer ministro Viktor Orbán, dijo en una conferencia de prensa el jueves que había “límites” para llegar a un acuerdo con el ejecutivo del bloque, ya que modificar las políticas sobre LGBTQ+ y los derechos de asilo contradiría la voluntad de los votantes húngaros.
“El Gobierno húngaro está dispuesto a llegar a un acuerdo con la Comisión, pero en los casos en que la gente haya expresado una opinión clara, sería antidemocrático e inaceptable”, afirmó Gulyas en Budapest, añadiendo que existen “líneas rojas” cuando se trata de reformas que Hungría está dispuesta a hacer.
“Para Hungría, incluso a pesar de la voluntad de la Comisión Europea, es inaceptable difundir propaganda LGBTQ entre los niños y tampoco podemos abandonar nuestra posición en materia de migración”, afirmó Gulyas.
La UE está en desacuerdo con una ley húngara aprobada en 2021, que prohíbe la exhibición de contenido homosexual a menores en los medios de comunicación, incluida la televisión, el cine, la publicidad y la literatura.
La ley, que ha sido denunciada por grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros como discriminatoria, también prohíbe la discusión de temas LGBTQ+ en los programas educativos escolares y prohíbe la exhibición pública de productos que representen o promuevan la desviación de género.
El gobierno de Hungría también ha implementado una política de rechazar a los solicitantes de asilo en sus fronteras y exigirles que comiencen su proceso de asilo en las embajadas húngaras en Serbia y Ucrania, una práctica que fue declarada ilegal el año pasado por el tribunal superior de la UE.
En diciembre, la UE liberó más de 10.000 millones de euros (10.900 millones de dólares) a Hungría después de que ésta emprendiera reformas para garantizar la independencia de su sistema judicial, pero más de 20.000 millones de euros permanecen congelados en espera de nuevos cambios legales. El miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que esos fondos “permanecerán bloqueados hasta que Hungría cumpla todas las condiciones necesarias”.
