(Photo by Esparta Palma; from Wikimedia Commons)
El pasado miércoles 24 de enero, México fue sometido por cuarta vez al Examen Periódico Universal (EPU), por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH). Como resultado del mismo, el Estado mexicano recibió un total de 11 recomendaciones en materia de derechos LGBTIQ+ de un total de más de 300 recomendaciones, en las que también se abordaron otras problemáticas sociales, tales como, la violencia contra activistas y periodistas, las esapariciones forzadas, la tortura, la violencia machista y la crisis migratoria. Además, cabe destacar que la militarización y la crisis forense sobresalieron como problemáticas y focos rojos nacionales, siendo la primera vez que se abordan en un examen al Estado mexicano.
Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), obtenidos en la última Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), realizada en 2021, en México 4.6 millones de personas tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Además, 908.6 mil personas se identifican como personas trans. Estos datos dimensionan la importancia de la observación internacional en el cumplimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y de igual forma permiten hacer una estimación del grueso poblacional que se encuentra en vulnerabilidad.
Argelia, Chile, Eslovenia, Estados Unidos, Islandia, Israel, Países Bajos y Tailandia fueron los países que pronunciaron recomendaciones en pro de los derechos LGBTIQ+ en México, destacando: la aprobación de leyes contra las terapias de conversión -tambien conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG)- y el establecimiento de sistemas de apoyo especializados para la salud mental y la prevención del suicidio; velar porque existan procedimientos expeditos para el reconocimiento de la identidad de género en todos los estados del país; incorporar los derechos de las personas de diversas Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género y Características Sexuales (OSIEGCS) transformando los protocolos de investigación y atención en leyes aplicables; prohibir las cirugías médicamente innecesarias en personas intersexuales e implementar una estrategia interinstitucional para implementar todas las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, con la participación significativa de las víctimas, incluido el monitoreo especial de las personas LGBTQI+ desaparecidas.
Durante la sesión de evaluación, llevada a cabo en la sede del CDH-ONU en Ginebra, Suiza, y que tuvo una duración aproximada de tres horas y media, México presentó un informe nacional en materia de cumplimiento de derechos humanos, así como los avances que realizó en relación a las recomendaciones recibidas en exámenes pasados. Posteriormente los países observadores formularon preguntas y presentaron sus recomendaciones.
Los exámenes de cada país miembro se basan en tres informes: un informe presentado por el Estado, que toma la forma de un reporte nacional, un informe presentado por expertos y grupos independientes de derechos humanos, conocidos como Procedimientos especiales (órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU), y un informe presentado por otras partes interesadas, en las que se incluye a instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil mexicanas siguen muy de cerca este ejercicio evaluador. En noviembre de 2023 dichas organizaciones presentaron un informe ante la CDH-ONU, en vísperas del examen al que México se sometería más tarde. De acuerdo a este informe, y a pesar de que hubo avances en materia de derechos para la comunidad LGBTIQ+ mexicana, también hubo varios retrocesos.
Gloria Careaga, activista feminista-lesbiana y coordinadora general de la Fundación Arcoiris por el Respeto Diversidad Sexual A.C., una de las organizaciones que participó activamente durante el proceso, brindando informes y asistiendo a la evaluación, comenta que las recomendaciones recibidas superaron las expectativas: “(…) Lo que nos favoreció es la relación que tenemos con algunas embajadas. O sea, que nosotros efectivamente enviamos el informe. Después, hicimos gestiones con las embajadas acá (en México)… Envíamos fichas técnicas por email a las embajadas que consideramos que eran amigas, de las que podíamos recibir escucha… A principios de enero, les mandamos un recordatorio… Esas fichas, también allá en Ginebra, ILGA (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans And Intersex Association) se las mandó a las Misiones (Misiones Permanentes de cada Estado ante la ONU en Ginebra). En ese sentido de estar con la documentación insistiendo, recordando, sí fuimos eficientes.”
En el sentido del impacto que estas recomendaciones tienen para el Estado mexicano, Careaga comenta: “Uno de los problemas principales que tienen las recomendaciones del CDH-ONU, es que son recomendaciones. No hay una obligatoriedad de cumplirlas. México ha recibido cientos de recomendaciones y lo que nosotros vemos es que, contrario a lo que se esperaba, siguen aumentando las recomendaciones y el incumplimiento de las mismas. Que eso me parece muy grave… El cumplimiento de las recomendaciones tiene que ver más con una imagen política. Es una cuestión moral más que una obligación. Al gobierno de México le puede hacer mella si le afecta en sus acuerdos internacionales, en las relaciones económicas y políticas que puede tener con otros gobiernos. En dado caso, cuando esté en una negociación le pueden decir ‘Sí, pero usted no ha cumplido con tales cosas… O el problema de desapariciones sigue creciendo en México.’ (…) Es una herramienta que tienen los gobiernos para presionar al gobierno mexicano”.
En cuanto al impacto directo que tiene esta examinación sobre las personas LGBTIQ+ del país, Careaga comenta: “Yo tengo la sospecha de que el movimiento LGBT en México está todavía muy centrado en las identidades, muy a nivel de relación interpersonal. Y nosotros, como fundación, que nos interesa tener otra perspectiva, no logramos que haya un interés en política pública y mucho menos en los procesos internacionales. Por ejemplo, el término ‘familias diversas’ se acuñó en una política internacional en 1994 y ese (término) nunca se ha retomado, a pesar de que tiene mucha relación con lo que se ha trabajado del matrimonio igualitario, del reconocimiento de los hijos. (…) La gente no le tiene fe a los instrumentos internacionales. Nosotras ahora en lo que estamos trabajando es en construir una red de personas de organizaciones LGBT que estén interesadas en ese espacio, que conozcan lo que se avanza, lo que se logra. (…) Tengo la hipótesis de que como hemos tenido un sistema político tan vertical, durante tanto tiempo, eso se refleja mucho en la forma de pensar de la gente. La distancia entre la población y las autoridades es demasiada, no tienen confianza. (…) Eso nos deja ver la visión que tenemos, las relaciones que tenemos. La cultura de política del país no es una cultura fácil para hacer nuestro trabajo.”
Alrededor de la militarización del país, tema que causó mucha polémica en el exámen al Estado mexicano, Careaga apunta que, aunque es una problemática que sin duda afecta a la población civil en general, pone en una situación aún más vulnerable a la comunidad LGBTIQ+ mexicana: “El problema sobre todo es la mirada estereotipada que tienen las autoridades con respecto a nosotros en el caso del sistema judicial. Yo hallo que México tiene un sistema judicial frágil, débil, donde hay bastante ignorancia y bastante reticencia a cambiar, a pensar de otra manera. A pesar de que se han elaborado documentos, de que hay cambios legales, no necesariamente se aplican. (…) Con respecto a lo de la militarización, nosotros lo hemos experimentado más fuerte en las personas en condición de movilidad… Los migrantes que quemaron en (Ciudad) Juárez, eso nos habla de las condiciones en las que la militarización puede operar. La imagen del vídeo de Juárez me muestra esa deshumanización (…) Ahí me parece que, eso lo que nos habla, es de cómo es el proceso de militarización, que lleva a la deshumanización de la ciudadanía. Sabemos que las fuerzas castrenses, más allá que dentro de ellos hay homosexuales, hay lesbianas, el entrenamiento que tienen es un modelo de masculinidad tóxica en donde, el ser disidente de género o sexual, te coloca en una condición de riesgo”.
Además de México, un total de 14 países fueron examinados en la última sesión del EPU, cuyo grupo de trabajo está compuesto por 47 países miembros del CDH-ONU. Sin embargo, los 193 países que son miembros de la ONU pueden participar en el examen de un país.
El EPU es un mecanismo creado por la Asamblea General de la ONU en 2006. Se trata de un examen entre pares, es decir que los Estados miembros se examinan unos a otros, y que busca evaluar la situación de derechos humanos y el nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales.
En la próxima sesión que se llevará a cabo en unos meses, el Estado mexicano deberá señalar las recomendaciones que aceptará, qué acciones tomará para el cumplimiento de éstas y cuáles serán las recomendaciones que rechazará.
